La construcción de un enorme salón de baile en las instalaciones del club deportivo José Pardo, al parecer, no tiene impedimento alguno. Hace algunos días el arquitecto Magno Pinedo de la Municipalidad de Maynas, fue tajante al señalar que en la zona no se puede construir ningún bailódromo porque alteraría la tranquilidad del vecindario y generaría desorden.

Al parecer, estas palabras y sobre todo los documentos se los llevó el viento, o mejor dicho, hicieron que se los lleven, porque ahora se observa que los trabajos han avanzado considerablemente en comparación a la semana pasada. Por ejemplo, el techo está siendo instalado y otros ambientes continúan levantándose.

Resulta extraño el hecho que un funcionario como Pinedo se haya mostrado firme en su posición, inclusive, pregonó fuera de cámaras tener autonomía en las decisiones de su área. Sin embargo, por lo bajo habrían cocinado el reinicio de las obras o estarían burlándose de la autoridad municipal.

A continuación citamos las declaraciones del Decano del Colegio de Arquitectos: "Esa zona está rodeada de vecindario habitacional preferencial y permanentemente tenemos problemas de seguridad ciudadana y alteraciones del orden público. Los documentos han sido enviados a la comisión técnica calificadora de proyectos, los cuales en primera instancia han observado algunas cosas puntuales.

No existen especialistas que se responsabilicen de cada plano, tampoco presentan algún documento que nos aclare el impacto ambiental y la contaminación sonora, asimismo, el problema de transporte que pueda suceder cuando entre en funcionamiento.

La ley 21157 que norma estos procedimientos nos faculta para proceder a su demolición, por ahora, la obra está paralizada mientras continúe el proceso de evaluación y calificación". Estas palabras dijo Pinedo en una entrevista el pasado 15 de mayo.

Ayer conversamos nuevamente con el Arquitecto Pinedo y señaló que la obra no tiene licencia. Hace dos días, el equipo técnico edil envió un documento al empresario Flores donde se le exige que subsanen las observaciones en un plazo de quince días. Mientras dure el trámite, no podrán realizar ningún tipo de trabajo. 

A la luz de los hechos, la empresa constructora encargada está haciendo caso omiso a la orden del municipio o quizás hubo un ‘acuerdo' verbal entre empresario y autoridades con un final feliz para todos, menos para los vecinos. (MC).